Caso Solano: “Aman a su hijo y quieren encontrarlo”

Daniel Francisco Solano viajó de Tartagal a Choele Choel para trabajar en la cosecha de manzanas. Fue asesinado luego de denunciar la explotación laboral por parte de las empresas Agrocosecha y Expofrut e intentar organizar a sus compañeros. Su cuerpo permanece desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011.

Su padre, Gualberto, instaló una precaria “taperita” frente al juzgado y la fiscalía para recordarle “diariamente al Poder Judicial que su hijo está desaparecido y hay que buscarlo”. Él y su familia cuentan con el acompañamiento del párroco Cristian Bonin y la colaboración del obispo de Viedma, Esteban Laxague.

Días atrás comenzó en Gral. Roca un juicio por vejaciones, privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado en concurso real de Daniel Solano. Los acusados son siete policías.

Entre el 25 de enero y el 22 de febrero se realizó una primera etapa del vaciamiento y análisis del contenido de un jagüel del campo La Manuela donde sospechan que fue escondido el cuerpo. El padre Cristian dialogó con Cáritas Bahía Blanca y brindó detalles de la búsqueda.

Gualberto y Cristian. Foto: Natalia Waimann

Los primeros 30 días la empresa Expofrut le había puesto una abogada a la familia -recordó Bonin-. Cuando empiezan a olfatear que el curso de la investigación los empujaba a buscarlo a Neuquén, los pateaba a otra provincia para que se cansen de buscar donde no lo iban a encontrar y regresaran cabizbajos a Salta, ahí es donde se apoyan en abogados de confianza. En Sergio Alejandro Heredia, de Tartagal, que era un abogado de empresas pero que solía compartir vida, tiempo, en las comunidades aborígenes del norte y apuntalarlos legalmente en lo que fuera necesario, en sus luchas, en sus dignificaciones.

Sergio viene y empieza a desentramarse la implicancia policial en la desaparición de Daniel. Empieza a conectarse el hecho de que Daniel estaba disconforme con la mala liquidación de sueldos y que estaba organizando con sus compañeros una movilización, una protesta para el día lunes.

Empiezan a verse las conexiones entre policía y empresa, las protecciones judiciales. Hay cerca de 170 causas que habían llegado a los escritorios del Poder Judicial de aquel entonces y estaban cajoneadas, causas de violencia policial. Eso se resolvía a través de un método donde las causas terminaban prescribiendo y no a la luz del debido proceso. Denuncias vinculadas a hechos graves como son personas que están en instituciones del Estado para proteger y garantizar la paz social pero eran instrumentos de represión o acciones violentas y, por lo tanto, favorecedores de la descomposición social.

Foto: Cristian Bonin.

-¿Por qué buscan a Daniel en el jagüel?

Desde noviembre de 2011 hasta la fecha no se desestimó ninguna posibilidad, desde la más remota. Porque el objetivo es claro: encontrar a Daniel Solano, resolver en el marco del derecho las responsabilidades y decidir penalidades sobre los implicados en un hecho delictivo gravísimo como es asesinar, desaparecer y encubrir.

Se deben haber llevado adelante cerca de 15 búsquedas, una de ellas es justamente la que se realiza en este momento. Desde diciembre de 2014 se maneja la posibilidad de que el cuerpo de Daniel Solano haya sido arrojado en un jagüel que está ubicado a 25 kilómetros de Choele Choel, en el campo La Manuela.

-¿Qué características tiene?

Es un pozo de cerca de cinco metros de diámetro y de 80 de profundidad con más de cien años de antigüedad y que fue hecho a pico y pala por personas para llegar a la napa de agua con la cual se hacían ladrillos para edificar y para los animales de crianza. De acuerdo a lo que el actual arrendatario dice -él estaba a cargo cuando desapareció Daniel-, el jagüel está en desuso desde el 2000 porque se derrumbaron parte de las paredes internas, se hizo una perforación al lado para extraer agua, se puso un molino y se descartó el jagüel, se usaba para arrojar basura.

Foto: Cristian Bonin.

-¿Cómo llegan a esta hipótesis?

A través de un testigo de identidad reservada. No es testigo directo del episodio de arrojar el cuerpo sino participe de conversaciones de personas que estarían ligadas directamente.

También una persona de apellido Cerda del barrio Maldonado de Choele Choel declara que había policías que hacían adicionales custodiando empresas viales en la Ruta 22 y solían ir a ese campo a comer un pedazo de carne y tirar algunos tiros. El arrendatario niega haberlo autorizado porque el propietario del lugar no quiere que haya caza.

En 2017 aparece un testimonio que confirma lo que declara el testigo en 2014 y por eso se realizaron dos inspecciones y el juez siempre impidió que una persona descienda al jagüel. Tampoco la justicia se ocupó de preservar el lugar y desde 2014 se produjeron adulteraciones en el pozo en distintas oportunidades.

Son descuidos judiciales por torpeza o por alguna conducta deliberadamente delictiva en favorecer que alguien intervenga en el jagüel para agregar o sacar cosas o cuerpos. Costó mucho la autorización judicial. El allanamiento se hace el 25 de enero de 2018 y desde diciembre de 2014 se venía insistiendo.

Duele mucho cuando no hay un acompañamiento del Poder Judicial en los tiempos, en las celeridades, en las comprensiones, para llevar adelante en tiempo y forma las medidas esclarecedoras de si está o no está Daniel Francisco Solano.

Foto: Cristian Bonin.

En tiempo de Adviento el Obispado de Viedma impulsó una colecta en la comunidad para colaborar con la familia Solano y los abogados de la querella en la búsqueda de fondos para afrontar los costos de la exploración del jagüel. El contrato con la empresa Perterser SRL, los honorarios de los antropólogos y la logística del operativo suman unos 2 millones 700 mil pesos.

Uno lo que observa es que para encontrar a un ser querido desaparecido tenés que ser un adinerado porque el Poder Judicial manifiesta que no hay dinero para ese pedido de prueba (…) hay que salir a mendigar dinero para, en este caso, resolver el interrogante de si Daniel Francisco Solano fue arrojado o no en ese lugar.

-¿Cuál es tu rol en la búsqueda?

Acompañar fundamentalmente a Gualberto Solano, acompañar en lo que sea que fuese que pase. Y después en el tema práctico, un poco uno media entre la empresa, los antropólogos y necesidades que se nos presentan, uno va a ver a algunos vecinos, a veces se rompe un motor, se necesitan herramientas, un mecánico, reemplazar el camioncito con agua potable. Los operarios están parando en la parroquia. También está la familia Solano que desde 2011 ha alternado entre el acampe frente al juzgado y lugarcitos que tenemos en la parroquia para que se bañen, para que descansen de estar en un lugar público. Ahí están Gualberto, Romina, Mayra, Pablo, Sara.

También ocuparme del tema de los antropólogos, la administración del fondo del Obispado para ir resolviendo necesidades económicas vinculadas a la exploración del jagüel. El Obispado una vez que finalice la medida transparentará todo. (…) Y a cargo también un poco de la comunicación con los abogados que en los primeros días estuvieron en Choele Choel acompañando in situ la medida pero actualmente Sergio Heredia está en Tartagal y Leandro (Aparicio) en Bahía Blanca

-¿Qué repercusiones tiene el caso en Choele Choel?

Hay un apoyo grande a Gualberto porque se lo comprende en el episodio gravísimo que está atravesando. Su hijo vino con el sueño de hacer dinero trabajando para una empresa tercerizada por Expofrut, Agrocosecha. Allí fue explotado y luego fue asesinado y desaparecido.

Gualberto quiere encontrar a su hijo. Entonces la sensibilidad con su búsqueda, con cómo él hace un paréntesis a su vida y se enraíza en Choele para buscar y encontrar a su hijo, conmueve.

También están quienes prefieren que no esté. Porque algunos dicen que ensucia al pueblo con esta denuncia, con el trabajo que se hace por esclarecer, que divide al pueblo. Ese es un precio que pagamos todos los que acompañamos a Daniel. Pero cuando hay algo inobjetable como es la desaparición de una persona hay que buscar para encontrar y hay que esclarecer porque tolerar la violencia de los violentos y sus consecuencias, hacer como que no pasa nada es darle semáforo verde a tiempos de impunidad, es disponerse a vivir en tiempos en donde se debilita o se pierde el estado de derecho. Eso descompone el tejido social, siembra desconfianza y aviva paranoias, potencia la violencia de los violentos.

Hay que vivir con la gravedad del hecho en que hay vectores delictivos que constituyen escenarios de explotación y muerte y hay que trabajar sobre las rentabilidades basadas en la explotación obrera, hay que trabajar sobre los negocios o las conveniencias egoístas que se llevan adelante desde instituciones que están para cuidar y aquí hablo de la corrupción policial y judicial.

No puedo decir que la policía es corrupta o que la justicia es corrupta pero sí puedo decir que hay corrupción policial y judicial como también puedo decir que hay corrupción eclesial. Contra eso hay que trabajar, hay que sanear, hay que ayudar a que aquellas instituciones que consideramos que tienen un sentido en su existir para favorecer la salud social estén saludables para no ocasionar lo opuesto.

Hay que romper con los lacerados anillos corporativos que silencian verdades que hubiesen acelerado o que acelerarían el esclarecimiento de dónde está Daniel y acerca de las responsabilidades sobre su desaparición, muerte y encubrimiento. Sobre eso hay que trabajar. Y cuando se trabaja con esto se despiertan distintas repercusiones, hay quienes están de acuerdo y quienes no, eso lo vive Gualberto y también quienes acompañamos la búsqueda de Daniel y el esclarecimiento con justicia de este caso y de tantos otros donde hay desapariciones y muertes seguidas de impunidad.

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Los siguientes videos son fragmentos de una entrevista al padre Cristian compartida en el marco del Encuentro Nacional de Directorxs de Cáritas Argentina. La experiencia de la comunidad de Viedma, coordinada por Desarrollo Institucional, sirvió a la reflexión sobre los nuevos contextos de pobreza.

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